diciembre 19, 2009 at 9:51 pm
La sentencia del Tribunal Constitucional, del 19 de Diciembre, obliga sin lugar a duda alguna, al cumplimiento de la Homologación
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El 19 de Diciembre el Tribunal Constitucional ha fallado declarando INFUNDADA la demanda de inconstitucionalidad, que presentara el Gobierno de Alan García a través de su Ministra de Justicia, contra la Ley 29223. La Ley 29223 promulgada por el Congreso de la República, autoriza al MEF al pago del segundo tramo de la homologación correspondiente al período del primero de Junio al 27 de Noviembre. El Ministro Carranza se ha negado sistemáticamente a cumplir con el pago correspondiente a este período del segundo tramo de la homologación, aduciendo que estaba pendiente la demanda presentada por el Ministerio de Justicia. Esta demanda ya no está pendiente. Ésta es la sentencia del Tribunal Constitucional.
En su sentencia el Tribunal Constitucional se apoya en un total de 17 fundamentos. En el fundamento 15, el TC sostiene que el Poder Ejecutivo busca impedir la homologación, esta vez demandando al propio Congreso de la República.
En el fundamento 16 de la Sentencia el TC declara que el proceso de homologación compromete a todos los poderes públicos, y que en consecuencia, ninguna autoridad se puede resistir a este proceso, bajo responsabilidad.
El fundamento 17 es muy preciso al señalar que el proceso de homologación debe concluir en un período no mayor al del próximo ejercicio presupuestal.
En consecuencia, al declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad, el TC se ratifica en su sentencia de Octubre del 2008 y en la vigencia y constitucionalidad de la Ley 29223. El Gobierno tiene que cumplir con el pago del período de Junio a Noviembre del 2007 correspondiente al segundo tramo de la homologación, y tiene que concluir el tercer tramo en el ejercicio presupuestal que se inicia en los próximos 13 días.
La FENDUP se mantiene en pie de lucha con la Huelga General Indefinida y la vigilia permanente en el atrio de la Iglesia San Francisco de Asís, hasta que el gobierno cumpla con la sentencia del Tribunal Constitucional.
